REVELACIONES

La Corporación Yurupari ha hecho presencia en algunas Audiencias que se han llevado a cabo desde la Corte Suprema de Justicia en el caso que se adelanta en relación Jorge Nogera ex director del DAS, la relación y complicidad con el paramilitarismo, las chuzadas y legales y el espionaje a lideres defensores de derechos humanos, políticos izquierda, periodistas, y a integrantes de la Corte suprema de Justicia.

La Corporación espera que en algún momento de la historia Colombiana pueda haber una real verdad, una justicia integral y una verdadera reparación con las victimas de innumerables crímenes confesados a la opinión pública, pero que aún siguen en la impunidad y sin castigo.

De las confesiones en las declaraciones resumimos escalofriantes revelaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas, la libertad, la vida, la constitución colombiana y una burla a los instrumentos firmados y ratificados a nivel internacional por el Estado Colombiano.

1. El Paramilitar Mancuso afirmó que el ahora candidato Juan Manuel Santos se entrevistó por lo menos dos veces con los líderes paramilitares “Ha corroborado que el paramilitarismo es un fenómeno estatal“así mismo reafirmo la relación de Francisco Santos hoy vicepresidente de Colombia con la creación del grupo paramilitar Bloque CAPITAL que operara en la ciudad de Bogotá.

2. En las revelaciones de estas audiencias se ha podido establecer que desde el DAS fueron elaboradas listas de personas que posteriormente serian asesinadas por los paramilitares, investigación que entre otros matices a dado a conocer las llamadas chuzadas del DAS.

3. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuerpo que desde el 2003 desarrolló de manera generalizada y sistemática una serie de actividades ilegales dirigidas a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, altos funcionarios del gobierno y magistrados, para “neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas a quienes se consideraba 'blancos legítimos'”, por ser potenciales adversarios del actual presidente Alvaro Uribe. “Las acciones incluyeron espionaje a teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios (...) la autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía”, refiere la investigación.

4. La interceptación ilegal lo que puede determinar es que existió una política sistemática de persecución y espionaje contra la oposición critica de este país, esta práctica se configura en un crimen de lesa humanidad de persecución, un crimen de lesa humanidad una tortura adelantado contra sectores independientes en Colombia: contra sectores como los periodistas independientes, los defensores de derechos humanos, sindicalistas, organizaciones sociales y contra los políticos de oposición. Estas chuzadas realizadas desde el DAS es un ataque a la libertad de expresión y al derecho que tenemos como ciudadanos de defender los derechos humanos.

5. Varios de los testigos sostienen que en varias oportunidades acudieron a la sede de la Presidencia para llevar y recibir informaciones, así como órdenes directas e indirectas de monitoreos ilegales.

6. Las acusaciones también alcanzan, entre otros altos cargos, al secretario Jurídico del Ejecutivo, Edmundo Del Castillo, acorde con recientes revelaciones de testigos vinculados a las investigaciones

7. Las audiencias a través de las declaraciones de los interrogados dejan ver claramente la responsabilidad directa de los funcionarios de alto nivel de la casa de Nariño y en particular la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe frente a estos hechos.

Finalmente la Corporación Yurupari, tiene la esperanza puesta que frente a estos hechos de espionaje, asesinatos, masacres y torturas, operaciones ofensivas ilegales, en algún momento pasen hacer parte dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En el caso de que la justicia colombiana no avance en la investigación, sanción y castigo a los responsables.