NUESTROS COMUNICADOS DE PRENSA

miércoles, 27 de enero de 2010

Colombia se raja en materia de derechos humanos

Colombia nunca ha salido bien librada de los exámenes que regularmente hacen los organismos de derechos humanos. Y esta vez, el informe anual de la Human Rights Watch (HRW) no hace la excepción con el país: hay críticas al gobierno por los ataques frecuentes a la Corte Suprema de Justicia que investiga la parapolítica; también destaca su preocupación por los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) que tienen enredadas a las Fuerzas Militares; llama la atención sobre los sucesores de los paramilitares; y señala que la guerrilla de las Farc sigue reclutando menores, instalando minas antipersonal y masacrando civiles, como lo hizo con los 17 integrantes de la comunidad Awá en febrero José Miguel Vivanco, director de este organismo, “el gobierno de Uribe y su coalición evidencia pocas garantías de respeto a los derechos humanos de los magistrados” en referencia a varios casos, entre ellos a las interceptaciones ilegales que el DAS ha hecho a miembros de este tribunal.
Al respecto, dice el informe de HRW, capítulo Colombia, que “el gobierno de Uribe, en varias oportunidades, ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones, como atacar públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal”.

El informe también advierte que aunque el gobierno dice que ya no existen paramilitares, hay una nueva generación de sucesores que continúan delinquiendo. Y señala que las víctimas siguen a la espera de la verdad y la reparación y sufren amenazas y violencia de grupos armados.

El derecho a la salud un derecho negado a la población colombiana

La corporación Yurupari, mira con preocupación como el derecho a la salud de la población colombiana, se vulnera con la promulgación el 21 de enero por parte del gobierno nacional, de 16 decretos en el marco de la Emergencia Social decretada para “solucionar” los graves problemas del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud, la eliminación de los servicios NO POS y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

La Corporación Yurupari considera regresivos los decretos del gobierno porque agravan una situación que ya de por sí es desastrosa como derecho fundamental en materia de salud en Colombia. Ahora los colombianos tendremos menos derechos al los servicios de salud porque el POS queda reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general. Creemos que estas medidas aseguran a los grandes monopolios comerciales de la salud mayor estabilidad económica, generando con ello mayor precariedad para la población colombiana.

A esto se suma la decisión de obligar a los pacientes a pagar por los servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, negándoles el derecho a presentar tutelas para acceder a cirugías, medicamentos y demás tratamientos.

El derecho a la salud un derecho negado a la población colombiana obligar a los enfermos a pagar con sus cesantías y pensiones los servicios que por derecho deben ser gratuitos.

El presidente de Colombia sigue vulnerando el DIH,

La Corporación Yurupari manifiesta su preocupación frente al Gobierno Colombiano, el cual el día 27 de enero en Medellín, ofreció la vinculación de estudiantes como informantes de la Fuerza Pública en Medellín, El programa se hará en alianza con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
"Cada joven de ellos va a recibir al mes cien mil pesos, a título de bonificación", dijo el mandatario al explicar la medida.
Los muchachos que se vinculen como informantes tienen que estar estudiando.
La Corporación Yurupari, rechaza esta propuesta, pues vemos inconveniente y peligroso esta medida; al vincular a la población civil a la guerra, para tratar de apaciguar el incremento de la violencia en la ciudad de Medellín. Cuya función debe ser de la fuerza pública, la policía, el ejército y los órganos de seguridad del Estado.

jueves, 14 de enero de 2010

Colombia la reina de la IMPUNIDAD

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su rechazo y preocupación por la liberación de más de 30 militares implicados en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes de Soacha.
Hechos

- El pasado día jueves 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y hoy, 13 de enero, podrían quedar en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados.

Llamados Urgentes

Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano

- Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejército nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.
13 de enero de 2010
MOVICE

Nuevas denuncias en el Cauca por amenazas de paramilitares

las siguinetes organizaciones:SOCIACION NOMADESC,CONCEJO COMUNITARIO DE LA TOMA,PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN,COLOMBIA PCN,CABILDO CERRO TIJERAS, CABILDO CHIMBORAZO,CABILDO AGUA NEGRA, CABILDO HONDURAS, CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR. denuncian los siguinetes hechos:

El día 1 de enero la Gobernadora del Cabildo Cerro Tijeras MELBA GUETIO recibió un mensaje a su número celular en donde la sentenciaban a muerte.

El día 5 de enero de 2010, siendo las 04:50:50 p.m. del celular N°. 3127842468 Centro de mensajes: +573103154210 Los gobernadores de los cabildos de Agua Negra JARLEY MUELAS VIVAS y Chimborazo MILTON CRUCES SANCHEZ recibieron el siguiente mensaje: "Bamos a matar a gob's concej'scumplimos con robert nilson sigue juan v. santiago yolanda oscar sam.oscar guach. directivos atizo y otros mas en hon. aguane. chim. muertea milicianos. sapos. matones. ladrones. violadores. coqueros que talla autonomia. At. Aguilas N.".

Es importante anotar de igual manera que la Asociación Nomadesc continua siendo objeto de seguimiento, persecución a los alrededores de la oficina, y casa del diplomado, seguimiento que según se ha denunciado se quiere hacer evidente, ya que las personas y vehículos que vigilan la oficina al parecer no tienen la intención de ocultarlo.

Situación de los DDHH indígenas resulta exacerbada

RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS HACE PÚBLICO SU INFORME SOBRE SU VISITA A COLOMBIA EN EL CONTEXTO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE SU PREDECESOR
13 de enero de 2010

El Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas hizo la declaración siguiente:

“Resulta patente que existe una atención de parte del Estado de Colombia a los asuntos indígenas y el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones de mi predecesor; sin embargo, estoy preocupado por las múltiples indicaciones de que la situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece”, dijo el experto de la ONU en su informe publicado hoy.

“En general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país” dijo el Relator Especial.

Ratificada condena contra Fujimori por crimenes de lesa humanidad

Los organismos de derechos humanos mostraron su satisfacción por la sentencia emitida por la Primera Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 25 años de prisión contra el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a derechos humanos durante su gobierno.

Justicia para las víctimas

Por su parte, Gisela Ortiz Perea representante de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta afirmó que esta sentencia culmina un largo camino en la búsqueda de verdad y justicia por sancionar a los responsables de las muertes de sus seres queridos.
“Estamos satisfechos porque al fin se hizo justicia contra el principal responsable de las muertes de nuestros familiares y esperamos que esta sentencia siente un precedente en los casos de violaciones a derechos humanos que todavía están pendientes en el Poder Judicial”

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alirio Uribe, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Jo Marie Burt, representante de WOLA; abogados y familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y activistas de derechos humanos.
Lima, 3 de enero de 2010
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos