NUESTROS COMUNICADOS DE PRENSA

viernes, 10 de diciembre de 2010

COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COLOMBIA BASTA YA DE IMPUNIDAD

Corporación Yurupari
Hoy 10 de diciembre de 2010, se celebra un año más de la promulgación Universal de los Derechos Humanos, 62 años, de luchas y reivindicaciones por mantener en alto la bandera de la vida, La Paz, y los mínimos vitales que hacen posible la existencia del ser humano en el planeta.
Sin embargo a pesar de contar con instrumentos internacionales que nos dejan una jurisprudencia muy amplia y rica en el tema universal de protección a las personas de muchos países; y donde los Estados se han comprometido a respetar y garantizar dicha jurisprudencia internacional. Lamentablemente esto aun no se lleva a cabo por muchos Estados; el cumplimiento de estas directrices internacionales y en muchos casos la burla y el menos precio de los compromisos internacionales es una constante.
Colombia en materia de Derechos Humanos, es uno de esos países donde se presenta una muy alta y sistemática violación a los a los derechos humanos, un país gobernado en el dilema de una falsa democracia, donde los terratenientes herederos de la vieja colonia Española, gobiernan por los siglos de los siglos, rotándose en el poder entre la burguesía Liberal y la Conservadora.
El pasado lunes 6 de diciembre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Intervino ante el pleno de la Corte Penal Internacional, con el objetivo de explicar los supuestos avances en la defensa de los derechos humanos, en sus intervenciones no dice toda la verdad y insiste en negar el conflicto social y armado que viven los colombianos desde hace mas de 60 años.
El presidente no puede tapar el sol con una mano, la impunidad réinate en Colombia por violaciones sistemática y reiteradas por acción u omisión a los derechos humanos es muy alta. 99% de impunidad.
El desplazamiento interno hoy alcanza una cifra escandalosa de más de 4 millones de personas que fueron amenazadas abandonar sus tierras por uso de la fuerza paramilitar.
Durante 2010 a la fecha de esta conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han registrado 105 asesinatos de indígenas en el país, 25 de ellos ocurridos bajo el periodo agosto a diciembre.
En Colombia la Ley de Justicia y Paz no respeta la Resolución 1325 de la ONU porque impone penas irrisorias de entre tres y ocho años, a los culpables de crímenes de lesa humanidad que confiesan voluntariamente, aunque también omiten.
La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia. Pero las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, “pese a que con la Ley de justicia y Paz el miedo a nombrar la violencia sexual en voz alta haya empezado a correr un poco”, como afirma Gloria Tobón de la organización Humanizar. De las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados
El paramilitarismo más vivo que nunca
Pese a que la desmovilización colectiva de los paramilitares agrupados en las AUC se dio por finalizada en 2006, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados integrados por ex paramilitares y que se dedican al control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Usurpan el territorio a comunidades indígenas y afrocolombianas fundamentalmente, “a través de la amenaza, el asesinato y el terror ejercidos muchas veces a través de la violencia contra la mujer”, afirma Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
En estos primeros cuatro meses de agosto a diciembre, del mandatado del Presidente Juan Manuel Santo por lo menos 22 activistas miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos han sido asesinados, un periodista y un juez también fueron asesinados.
El actual gobierno no cuenta con una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del Narcoparamilitarismo. En los últimos meses se han venido presentando asesinato de líderes que reclaman la tierra despojada por los paramilitares lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de una ley de tierras y de reparación a las víctimas.
El gobierno de Juan Manuel Santos tampoco ha dado a conocer medidas y políticas eficaces para combatir la impunidad. Y de sanciones para quienes han cometido crímenes relacionados con la parapolitica y las ejecuciones extrajudiciales y de las chuzadas realizadas por el DAS.
La deuda externa a la fecha 17 de noviembre 2010, alcanzaba la cifra de 61.135 millones de dólares, de los cuales 38.103 corresponde al sector publico, 23.32 mil millones de dólares corresponden al sector privado. Hoy 10 de diciembre los grandes empresarios han anunciado que la mesa de concertación entre sindicalistas que reclaman un salario digno, solo recibirá un aumento del 3% sobre el salario mínimo actual vigente. Teniendo presente que el actual salario es de $515.000, o sea que el 3% de aumento seria de 15.450 pesos.
Según datos suministrados por el Periódico Desde Abajo, edición 156, el profesor Libardo Sarmiento Anzola.” El nivel de pobreza es el mismo desde el 2002 al 2010 y afecta 46% de la población Colombiana, y la pobreza extrema es de 17,8%, el desempleo oscila 12,8%, y la posibilidades de que un joven muera es 5 veces más alto que el promedio de América Latina, 29 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 9 millones viven en la indigencia”
De acuerdo a lo anunciado anteriormente la Corporación Yurupari, organismo no Gubernamental de Derechos Humanos en Colombia, hace un llamado al Estado Colombiano a respetar, garantizar los derechos humanos de una manera integral y acatar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
A tomar medidas eficaces para desmantelar totalmente la política paramilitar y mafiosa que deambula por todas las regiones, sin ningún control de la fuerza pública.

Corporación Yurupari, 10 de diciembre de 2010.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Privada de la libertad defensora de DDHH

La Corporación Yurupari, se suma al llamado y al clamor de libertad de la Defensora de Derechos Humanos Carolina Rubio Esguerra. Detenida el 16 de Noviembre de 2010 en la ciudad de Bucaramanga.

La Corporación Yurupari se une a la denuncia y exigencias del Comité de Solidaridad con Presos Políticos.
CAPTURADA LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS CAROLINA RUBIO ESGUERRA

CAROLINA RUBIO ESGUERRA, responsable de la seccional Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, delegada por el nodo centro al Comité Operativo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, representante de las organizaciones colombianas en la última asamblea de la OIDHACO, y facilitadora del capítulo Norte de Santander del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, fue capturada el día de hoy por miembros de la SIJIN en la ciudad de Bucaramanga.
La defensora de derechos humanos está requerida por la Fiscal 5ta seccional LUZ DARIS NAVAS de la Unidad de Apoyo, sindicada por el delito de rebelión, sin que hasta el momento se conozcan los fundamentos de tal sindicación.
La SIJIN ha anunciado extraoficialmente que permanecerá detenida en las instalaciones de esta institución en la ciudad de Bucaramanga por lo menos hasta el día de mañana cuando se realice la indagatoria y se defina su situación jurídica; esto a pesar de que la defensora se encuentra en el noveno mes de gestación.
La detención de la defensora se suma a la larga lista de agresiones contra defensores de derechos humanos ocurridas dentro de los 100 días de gobierno de Juan Manuel Santos y que fueron denunciados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el último periodo de sesiones.
Solicitamos las autoridades colombianas:

1. Garantizar el debido proceso a CAROLINA RUBIO ESGUERRA
2. Tomar las medidas necesarias para que en el día de hoy se defina la situación jurídica de la defensora y se proceda a suspender la ejecución de la medida de aseguramiento dada su estado de embarazo.
3. Garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
16 de Noviembre del 2010.
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
FCSPP - Seccional Valle del Cauca.

--
Martha Lucia Giraldo
Movice Capitulo Valle del Cauca
Telefonos: 8935308 - 321-7152160.
valle@movimientodevictimas.org

EL PUEBLO INDIGENA AWA HACE UN LLAMADO DE ALERTA

A la Corporación Yurupari, ha llegado el siguiente Comunicado del Pueblo Indígena Awa, el cual transcribimos y nos sumamos a las exigencias de nuestros hermanos indígenas, exigimos del Estado Una pronta atención y el cese inmediato de los Bombardeos.

EL PUEBLO INDIGENA AWA, HACE UN LLAMADO DE ALERTA

A la Corporación Yurupari, allegado el siguiente Comunicado del Pueblo Indígena Awa, el cual transcribimos y nos sumamos a las exigencias de nuestro hermanos indígenas, exigimos del Estado Una pronta atención y el cese inmediato de los Bombardeos. ver denuncia completa en comunicados.

miércoles, 27 de octubre de 2010

NUEVA MASACRE

Bogotá Octubre 27 de 2010.
NUEVA MASCRE

La Corporación Yurupari, rechaza la Barbarie y la muerte ocurrida contra los niños. En el Municipio de Tame Arauca, el jueves 14 de Octubre, donde fueron sacados de su casa de habitación los menores de edad: JENNY NARVEIZ TORRES JAIMES de 14 años, JIMMY FERNEY TORRES JAIMES de 9 años y JEFERSON GUIOVANNY TORRES JAIMES de 6 años, todos hermanos integrantes de una humilde familia campesina de la Vereda el Temblador y estudiantes en la escuela Alto Caño Martin de la Vereda Carraos del Municipio de Tame. Estos indefensos menores fueron encontrados muertos con sevicia (apuñalados) y señales de tortura en una FOSA COMUN el sábado 16 de octubre por su padre y campesinos de la región.
Los hechos se registraron tras el arribo al área de una brigada militar móvil conformada por unos 60 uniformados.
La presencia de los militares fue reconocida por el comando del Ejército Nacional, que en un comunicado emitido el pasado 24 de octubre admitió haber conocido "versiones que asociaban a miembros de la institución con malos tratos a la población".
Según versiones del padre de los niños JOSE ALVARO TORRES y campesinos de la región, comprometen seriamente a miembros del Ejército Nacional Batallón de contraguerrillas No. 45 adscrito a la Brigada Móvil No 5 de la Octava División con sede en Yopal. Cabe anotar, que desde el pasado 8 de Octubre tropas de este Batallón hacen presencia en la mencionada Vereda y a escasos metros del lugar donde se hallo la fosa común, fueron encontrados objetos de uso privativo del Ejército Nacional.
La Fiscalía General reveló que se encontraron muestras biológicas como sangre, semen y saliva, en los morrales y otras pertenencias de por lo menos 8 de los 60 militares, que están siendo investigados por el asesinato de tres menores de edad en Tame, Arauca.

El hallazgo fue realizado por el grupo de expertos peritos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes han estado realizando en la zona donde ocurrieron los hechos todas las inspecciones y otras diligencias judiciales.

La Corporación Yurupari, de manda del Estado una pronta investigación y el cumplimiento anunciado por el Ministro del Interior y de Justicia en el sentido “…advertimos que la investigación sobre los mismos no irá a la Justicia Penal Militar, esos no pueden considerarse actos del servicio y el conocimiento y la investigación de los mismos debe ser asumida por la justicia ordinaria”.

La Corporación Yurupari solicita:
1. A la FISCALIA GENERAL DE LA NACION investigar hasta sus últimas consecuencias la horrenda masacre de los menores, garantizar garantías, de protección de los testigos, transparencia y objetividad el proceso tendiente al esclarecimiento de los hechos.
2. Ante las violaciones sistemáticas y reiteradas de los derechos humanos por parte del ente castrense en el país; llamamos al desmonte inmediato del fuero militar que es concedido a los militares por parte de la Justicia Penal Militar. Pues consideramos que en este es un instrumento para fomentar mas la impunidad.
3. Solicitamos al fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, coordinar eficazmente la investigación sobre estas muertes que están siendo adelantadas por un fiscal especializado de Arauca, con apoyo de un fiscal especial de asuntos humanitarios de Cúcuta, quienes iniciaron las entrevistas a los 60 militares que operaban en la zona para establecer su posible implicación en los hechos.
4. A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales rodear de solidaridad y acompañamiento a las víctimas de esta nueva y espantosa masacre. Ocurrida en una de las zonas donde más se ha desarrollado la seguridad democrática y donde más se han violado los derechos humanos a la población civil.

EXIGIMOS EL DESMONTE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR POR SER UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA

Corporación Yurupari

martes, 5 de octubre de 2010

No a las dictaduras en America Latina

LA CORPORACIÓN YURUPARI
SE UNE AL FIRME RECHAZO NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA LOS GRAVES ACONTECIMIENTOS
OCURRIDOS EN ECUADOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

En el pasado 30 de septiembre la policía ecuatoriana se ha alzado contra el Presidente Rafael Correa y el régimen democrático de ese país.
La historia nos ha enseñado que es preferible vivir en la esfera de la Democracia y la libertad, que vivir bajo el estupor de la represión y las tiranías militaristas.
En ese sentido, no podemos permitir que se ponga en juego la institucionalidad de los países como ya ocurrió con Honduras y ahora con Ecuador. Las democracias deben ser respetadas y defendidas por su pueblo, por las organizaciones sociales y sus dirigentes políticos rechazando todo intento golpista y de acción violenta que atente contra las democracias.
La Corporación Yurupari, manifiesta su absoluta solidaridad con el pueblo ecuatoriano y en especial con la democracia construida desde las pluralidades del Gobierno de Correa
Fieles a la defensa de los derechos humanos y respeto de las autonomías, la soberanía y la dignidad de los pueblos; nos sumamos solidariamente a las acciones en repudio de cualquier intento que quiera derribar la constitucionalidad del Ecuador.

CORPORACION YURUPARI
Corporacionyurupari@yahoo.es


sábado, 18 de septiembre de 2010

Graves violaciones a los derechos humanos U de A

A La Corporación Yurupari, ha llegado la siguiente denuncia la cual transcribimos y damos a difundir por nuestro medio. Manifiéstanos nuestro mas contúndete rechazo a la forma como el Gobierno Departamental y Nacional quiere resolver los derechos de reclamo de los estudiantes en los claustros en el país, no entendemos como la libre defesa de la Educación se convierta en una amenaza antiterrorista y se ocupen y se hagan requisas en las instituciones Universitarias y instituciones de primaria y secundaria por parte de la policía.

Manifestamos como Corporación Yurupari, la preocupación por las Graves violaciones a los derechos humanos durante la ocupación del ESMAD en la Universidad de Antioquia.

La Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos GUSTAVO MARULANDA denuncia la manera como la Administración de la Universidad de Antioquia y la Gobernación reprimieron una manifestación estudiantil cuando se autorizó, bajo infundios, el ingreso al claustro universitario del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, lo cual dejó un número no determinado de heridos, cinco capturas y cuantiosos daños al interior del campus. (Leer en comunicados)

¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?

La Corporación Yurupari, reenvía la siguiente carta escrita por el padre Javier Giraldo Moreno, S. J. apropósito de las reflexiones de que en la Universidad Jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Nos sumamos como defensores de derechos humanos en Colombia a las preocupaciones manifestadas por el padre Javier Giraldo ilustre defensor de derechos humanos.

Carta al Padre John Dear, S. J., jesuita estadounidense que ha recorrido muchas zonas de guerra del mundo como activista de la paz y ha sufrido la cárcel por oponerse a las políticas criminales de su país. Ha publicado muchos libros sobre espiritualidad cristiana de la paz y ha visitado varias regiones de Colombia.

Estimado y recordado John:
Recibe un fraterno y cariñoso saludo.
Te escribo muy preocupado por el hecho de que en nuestra universidad jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No ceso de recibir mensajes de personas y grupos que sufrieron enormemente durante su gobierno, que reclaman y cuestionan la actitud de nuestra Compañía o su falta de discernimiento ético al tomar este tipo de decisiones.

Es posible que las directivas de Georgetown hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones económicas o políticas, pero es difícil que ignoren al menos las profundas controversias éticas que levantó su gobierno y los cuestionamientos y sanciones que recibió de muchos organismos internacionales que tratan de proteger la dignidad humana. El sólo hecho de que durante su carrera política, desde que era Gobernador del Departamento de Antioquia (1995-1997) hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente “Convivir”, que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes cometiendo otras muchas atrocidades, ya implica una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro. Pero no sólo continuó patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado, como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno, mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de los paramilitares.

Además, fue escandalosa durante su gobierno la práctica de los “falsos positivos” consistente en asesinar civiles, principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan justicia.

La corrupción durante su gobierno fue más que escandalosa, no sólo por la presencia de narcotraficantes en los puestos públicos sino porque el Congreso y muchos cargos de gobierno fueron ocupados por delincuentes. Hoy hay más de cien congresistas en procesos criminales, todos ellos del entorno electoral más cercano del Presidente Uribe.

Fue escandalosa la compra de conciencias para manipular los aparatos de justicia, lo que terminó destruyendo, en niveles muy profundos, la conciencia moral del país. También fue escandalosa la corrupción con que sus ministros más cercanos manejaron la política agraria para favorecer a los más ricos con los dineros públicos, mientras impedía y estigmatizaba los proyectos sociales. La corrupción de sus hijos, para enriquecerse a costa de ventajas de poder, escandalizó en su momento a toda la nación. También utilizó el organismo de seguridad que estaba directamente bajo su control (el Departamento Administrativo de Seguridad) para espiar mediante controles telefónicos clandestinos, a las Cortes de Justicia, a los políticos de la oposición, a los movimientos sociales y de derechos humanos.

Fueron en extremo escandalosos los mecanismos corruptos de los cuales se valió para lograr su reelección a la Presidencia en 2006, lo cual ha llevado a ministros y colaboradores cercanos suyos ad portas de la cárcel. El manejo que hizo de coordinación entre el Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se produjeran 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Sus estrategias de impunidad para quienes desde el Estado o el Paraestado perpetraron crímenes de lesa humanidad, pasarán a la historia por su atrevimiento.

La decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra a Álvaro Uribe, no sólo ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos sino que pone en alto riesgo la formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington. ¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?

Te escribo estas líneas porque estoy seguro que tú compartes nuestras preocupaciones y quizás podrás hacerlas llegar a los jesuitas de Georgetown y a otros círculos de opinión en tu entorno de simpatizantes por la justicia.
Recibe un fuerte abrazo.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
Version en inglés:

My Dear John:
I send you brotherly and loving greetings.
I write to you with great concern regarding the fact that Georgetown, our Jesuit University, has hired the outgoing president of Colombia, Álvaro Uribe Vélez as a professor. I am constantly receiving messages from individuals and groups who have suffered enormously during his term as president. They are protesting and questioning the mind-set of our Company, or its lack of ethical judgment in making a decision of this kind.

It is possible that decision makers at Georgetown have received positive appraisals from Colombians in high political or economic positions, but it is difficult to ignore, at least, the intense moral disagreements aroused by his government and the investigations and sanctions imposed by international organizations that try to protect human dignity. The mere fact that, during his political career, while he was governor of Antioquia Province (1995-1997) he founded and protected so many paramilitary groups, known euphemistically as “Convivir” (“Live Together”), who murdered and “disappeared” thousands of people and displaced multitudes, committing many other atrocities, that alone would imply a need for moral censure before entrusting him with any responsibility in the future.

But not only did he continue to sponsor those paramilitary groups, but he defended them and he perfected them into a new pattern of legalized paramilitarism, including networks of informants, networks of collaborators, and the new class of private security companies that involve some millions of civilians in military activities related to the internal armed conflict, while at the same time he was lying to the international community with a phony demobilization of the paramilitaries.
In addition, the scandalous practice of “false positives” took place during his administration. The practice consists in murdering civilians, usually farmers, and after killing them, dressing them as combatants in order to justify their deaths. That is the way he tried to demonstrate faked military victories over the rebels and also to eliminate the activists in social movements that work for justice.

The corruption during his administration was more than scandalous, not just because of the presence of drug traffickers in public positions but also because the Congress and many government offices were occupied by criminals. Today more than a hundred members of Congress are involved in criminal proceedings, all of them President Uribe’s closest supporters.
The purchase of consciences in order to manipulate the judicial apparatus was disgraceful. It ended up destroying, at the deepest level, the moral conscience of the country. Another disgrace was the corrupt manner in which the Ministers closest to him manipulated agricultural policy in order to favor the very rich with public money, meanwhile impeding and stigmatizing social projects. The corruption of his sons, who enriched themselves by using the advantages of power, scandalized the whole country at one time.

In addition, he used the security agency that was directly under his control (the Department of Administrative Security) to spy on the courts, on opposition politicians, and on social and human rights movements, by means of clandestine telephone tapping. The corrupt machinations he used to obtain his re-election as President in 2006 were sordid in the extreme, with the result that ministers and close collaborators been close to jail.
He manipulated the coordination between the Army and the paramilitary groups that resulted in 14,000 extrajudicial executions during his term of office. His strategies of impunity for those who, through the government or the “para-government”, committed crimes against humanity will go down in history for their brazenness.

The decision by the Jesuits at Georgetown to offer a professorship to Álvaro Uribe, is not only deeply offensive to those Colombians who still maintain moral principles, but also places at high risk the ethical development of the young people who attend our university in Washington. Where are the ethics of the Company of Jesus?
I am writing you these lines because I am sure that you will share our concerns and perhaps you can forward them to the Jesuits at Georgetown and to other circles of thoughtful persons you know and to those who are in sympathy with justice.

With a fond embrace,
Javier Giraldo Moreno, S.J.

viernes, 30 de julio de 2010

Balance de la ley 975... IMPUNIDAD...

Apropósito del Balance de los cinco años de la vigencia de la ley 975….en Colombia no ha existido ni paz ni justicia para la las victimas… la CORPORACIÓN YURUPARI, hace pública la ponencia de la abogada defensora de DDHH Soraya Gutiérrez Argüello del Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo. Sus aportes al análisis del momento constituyen para nosotros un aporte valioso para intentar responder la pregunta si realmente este proceso ha contribuido a la consecución de la paz en Colombia… y si hoy nos encontramos en un escenario de transición o de justicia transicional?

Algunos elementos de su ponencia presentada (Julio 23 del 2010. Plazuela de San Ignacio. Medellín – Colombia.
…En primer lugar, la JUSTICIA TRANSICIONAL, es entendida como los “mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr la reconciliación” . Desde esta perspectiva, el resultado que se espera de la llamada Justicia transicional, es la concreción seria de investigaciones y juicios que permitan el desenlace no solo del factor retributivo del deber de persecución, sino también del objetivo de restauración, plasmados en los derechos de las víctimas…
La Corte Suprema de justicia en decisión del 11 de julio del 2007 , expreso que los delitos cometidos por los miembros de las estructuras paramilitares no podían ser considerados como delitos políticos, por cuanto tales comportamientos no podían ser asimilados bajo este concepto, y por tanto no podían ser objeto de beneficios. Expreso además que el delito como mínimo que se endilgaría a los miembros de estas estructuras era el concierto para delinquir agravado, el cual no estaba incluido dentro del listado de conductas que la Ley 782 de 2002 previó para la concesión de beneficios jurídicos a los desmovilizados, y por tanto no era procedente extinguir la acción penal a favor de los desmovilizados de las estructuras paramilitares, y ser favorecidos con la aplicación de las disposiciones que en ella se contienen…

Que ha pasado después de cinco años:

De los 35.353 paramilitares desmovilizados, solo el 10.2% que equivale a 3. 625 paramilitares fueron postulados al procedimiento de Justicia y paz. Aunque la cifras han cambiado y aumentado, vulnerando las misma normatividad establecida en esta ley.

Efectivamente, en balance presentado por la unidad de JyP a marzo del l del 2010, reporta las siguientes cifras:


TOTAL MIEMBROS PARAMILITARES POSTULADOS 3.899
Paramilitares postulados 2.872
Comandantes paramilitares postulados 25
Paramilitares privados de la libertad ( que nunca participaron en dichos procesos ) pero que fueron postulado 964
Paramilitares desmovilizados individualmente y postulados 38
Guerrillas 263

Para esta misma fecha informa la Fiscalía que se encuentran en curso 641 versiones libres. Y se han terminado 1. 790 versiones libres. Pero lo que no dice la fiscalía es que por lo menos 1.219 se retiraron por ausencia de ratificación de los postulados de participar en este trámite. Las mismas cifras de la Fiscalía lo demuestran.

Postulados a quienes se les ha realizado legalización de cargos ( Tribunal de conocimiento 8
Postulados en espera de la audiencia de legalización de cargos 54
Total de postulados a quienes se presento solicitud de audiencia de formulación de cargos 85

Total de postulados a quienes se presento solicitud de audiencia de imputación 215

Todo lo anterior indica que de los 3.899 paramilitares postulados, solamente 698 están siendo procesados por el trámite de justicia y paz, que equivale a solo el 15% del total de postulados y apenas el 1.9% del total de miembros de las estructuras paramilitares desmovilizados.

Y después de cinco años solo se ha proferido una sola sentencia parcial, contra el ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ cabecillas del bloque Montes de María y del frente canal del Dique respectivamente, por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo del año 2000. Decisión que fue apelada por las victimas y a la cual me referiré en la última parte de mi intervención si el tiempo nos da….

En comunicados encontrara toda la ponencia.

ANALISIS DEL CONTEXTO COLOMBIANO

LA CORPORACION YURUPARI, presenta a los lectores un corto análisis del contexto colombiano a la espera que pueda servir a comprender mejor las próximas tendencias de la coyuntura Colombiana en un largo o corto periodo.

En la parte de comunicados encontrara todo el documento publicado, estos son algunos fragmentos de su contenido.

en la historia política de Colombia es la relación del manejo del poder el cual tiene sus orígenes en los partidos tradicionales los cuales se estructuraron a mediados del siglo XIX, el partido Liberal se tiene como referencia 1.848, el partido conservador 1.849 estos dos partidos conformados por terratenientes, esclavistas, el clero, comerciantes etc, configuraron un status quo para distribuirse el manejo del poder político, económico en todo el territorio colombiano. Esa viaja estructura se mantiene hasta el momento en la vida política electoral colombiana

Durante la Campaña Juna Manuel Santos, mostro sus estrategias de gobierno lo que confirma: Mantendrá la política de seguridad democrática, tratara con su formula vicepresidencial Angelino Garzón (ex ministro, ex presidente de la CUT y ex dirigente de la UP) de neutralizar la oposición en estados Unidos frente a la firma de tratado de libre comercio, tratara de mostrar que este país no hay violación a los derechos humanos y demostrar que a los sindicalistas en este país no se les asesina, deberá demostrar y hacer lobby en el sentido que el gobierno si protege la actividad sindical. Esta estrategia abrirá con más fuerza la inversión .extranjera.

Seguridad y control militar de la vida civil en búsqueda de una derrota militar de las antiguas guerrillas FARC y ELN.

Aseguramiento de territorios para la implementación y continuidad de grandes obras de infraestructura para facilitar el comercio internacional.

Seguridad militar y jurídica para las grandes inversiones de empresas multinacionales y transnacionales que llegarían con la apertura de los TLC.

La situación colombiana se caracteriza por una grave crisis de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la que se han presentado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos por parte de agentes del Estado, de grupos paramilitares que han actuado con la aquiescencia, tolerancia, apoyo u omisión del Estado colombiano, así como por parte de grupos insurgentes.... continua en comunicados

martes, 27 de julio de 2010

LAS FOSAS COMUNES DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA

La corporación Yurupari, se solidariza con las víctimas que manifestaron su dolor y preocupaciones por las violaciones a los derechos humanos, y por la constatación y hallazgo de una Fosa Común que al parecer contiene los restos de más de 2000 cadáveres, donde podrían estar campesinos desaparecidos, personas ejecutadas extrajudicialmente y enterradas como NN por el ejército Colombiano. A la vez llamamos a proteger a rodear a las víctimas y a difundir sus testimonios.

El pasado jueves 22 de julio de 2010, se realizó una Audiencia Pública en el Municipio de La Macarena departamento del Meta, para analizar la “Crisis humanitaria Llanos Orientales”. Este acto, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunió a cerca de 1500 pobladores de las regiones de Alto y Bajo Ariari y Municipios de Vistahermosa, La Uribe y Mesetas, quienes llevaron sus testimonios ante un grupo de congresistas colombianos y eurodiputados. La senadora del Polo, Gloria Inés Ramírez, acompañada del representante a la Cámara, Iván Cepeda, la presidenta del Polo, Clara López, y la Senadora Liberal, Piedad Córdoba y ONGs de derechos humanos, CPDH, Justica y Paz, el padre Javier Giraldo, quienes fueron testigos de dicha situación y a la vez ellos recogieron diversos testimonios de las y los campesinos de la región, denuncias referidas por lo menos a "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena. Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos. La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años".


Testimonios de los pobladores de la región afirman, entre otras cosas, que han sido testigos de cómo helicópteros del Ejército llevan cadáveres al cementerio de La Macarena. Estos testimonios también fueron escuchados por
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, dieron su punto de vista este viernes tras una rueda de prensa testificando la existencia de una fosa común y de número indeterminado de cadáveres no identificados.

La Corporación Yurupari, rechaza las palabras grotescas y descredito a la labor de los defensores DDHH; al llamar a los convocantes de la Audiencia “voceros del terrorismo” el Señor Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez en visita el pasado domingo 25 de julio, a la Macarena, precisamente tres días después de la audiencia pública en su discurso el presidente se va en ataque contra las víctimas, testigos y las ONGs de derechos Humanos.

En visita a la base militar de La Macarena, el mandatario criticó la realización de la audiencia pública, Uribe califica de 'calumnias' acusaciones de presencia de fosa común en La Macarena (Meta). "Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria", En su discurso en la Macarena Uribe respondió que "el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos".

Nuestra Corporación Yurupari manifiesta su preocupación por las palabras expresadas por el señor presidente de la república, contra los líderes campesinos y defensores de derechos humanos convocantes de dicha Audiencia, pues en el marco de la aplicación de seguridad democrática hay seguidores de esta política, que pueden llegar aponer en riesgo la vida de las víctimas, pues en este momento los testigos están expuestos ser objeto de atentados de la mano directa de los perpetradores de los hechos denunciados, de los asesinatos extrajudiciales, de las desapariciones y de quienes desde lo más alto de las fuerzas militares dieron la orden para enterrar a las víctimas en esta fosa escalofriante de la muerte.

Llamamos a todas las instancias de derechos humanos del orden nacional e internacional a tomar medidas de protección, a la Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos en Colombia a estar alerta ante cualquier hecho que ponga en peligro la vida de los campesinos de la región, de los defensores de DDHH.

Exigimos:

A la Fiscalía a investigar y proteger las pruebas que se puedan encontrar en la Fosa Común y a establecer una pronta y rápida verdad que permita hacer justicia.

Al Presidente de la república Álvaro Uribe Vélez y al ex ministro de la defensa Juan Manuel Santos, actualmente elegido presidente de Colombia y quien actuó como jefe del ente castrense y de la Cartera de Defensa entre el periodo 19 de julio de 2006, hasta el 23 de mayo de 2010, ósea 34 meses. Los convocamos a decir la verdad frente a este holocausto que tiñe a la humanidad de escalofrió y terror.

“Alguien tiene que responder ante la justicia Colombiana o ante la justicia Internacional por este horrible crimen de Estado”

CORPORACIÓN YURUPARI, julio 27 de 2010