Comisión de Alto Nivel Garantias de No repetición

La Corporación Yurupari, se suma a la exigencia realizada el 15 de marzo des Bogotá a la mesa de la Habana,  el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Organizaciones Sociales y Organizaciones de Derechos Humanos continuación pronunciamiento.  

Al Presidente Juan Manuel Santos

A la Mesa de conversaciones en la Habana, Cuba

A los  Países garantes Cuba y Noruega

A los  Países acompañantes Chile y Venezuela

A Organizaciones de Naciones Unidas y  Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás organismos interestatales de protección

A los Medios de Comunicación

A la Opinión Pública nacional e internacional

S.O.S.

POR LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ:

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

En las últimas dos semanas se han presentado las siguientes agresiones al movimiento social, popular y de Derechos Humanos.

A.        Asesinatos.

·         El día 12 de Marzo de 2016   fue desaparecida, violentada sexualmente y asesinada Sharon Daiana Marmol, de 14 años, hija de un líder social del Sur de Bolívar. En sus exequias, los asistentes fueron brutalmente atacados por el ESMAD. Dos personas perdieron la vida, entre ellas Leonel Ortega.

·         El 10 de marzo de 2016 en Arauquita, Arauca, fueron asesinados Milton Yesid Escobar Rodríguez, escolta del dirigente Martín Sandoval e hijo del dirigente de Marcha Patriótica Rigoberto Escobar, y Gil de Jesús Silgado, dirigente comunal campesino.

·         El 7 de marzo de 2016 fue asesinado en el Bagre, Antioquia, William Castillo, dirigente Aheremigua.

·         El 6 de marzo de 2016 fue asesinado Klaus Zapata, líder de las juventudes comunistas en Soacha, Cundinamarca. 7

·         El 4 de marzo de 2016 en el caserío el Malabar, municipio de El Castillo, Meta fue asesinado un hombre sin identificar en un contexto de control paramilitar de la zona.

·         El 2 de marzo de 2018 fue asesinado en Popayán William Alexander Oime, líder indígena del Tambo, Cauca.

·         El primero de marzo de 2016 fue asesinado en el corregimiento de Sabanas de Pedro, en el municipio de los Palmitos, Hernando Pérez Iriarte, representante de su familia en proceso de restitución de tierras.

·         El 29 de Febrero en Tarazá, Antioquia, en medio de un ataque del ejército nacional hacia la población civil fue asesinado  Gilberto de Jesús Quintero.

·         El 28 de febrero de 2016 la líder campesina Maricela Tombé fue asesinada en El Tambo, Cauca.

·         El 23 de febrero de 2016 en Segovia, Antioquia fueron asesinados  Óber Díaz Guerrero, de 23 años; Esnéider Torres Fonnegra, de 25 años; Brayan Steven Montaño, de 20 años y el menor de edad Samuel Emilio Gómez Zapata, de 17 años.

·         Del 4 al 7 de marzo en el departamento del Putumayo tras aparecer planfetos amenazantes que anunciaban la mal llamada “Limpieza social” han sido asesinados:

-En el municipio de Puerto Asís: Duber Fernando Vélez 18 años de edad, Luis Humberto Donado 22 años de edad, Héctor Fabio Gómez y Luis Obando, de 22 años de edad.

-En Puerto Caicedo: Sabulón Burbano Córdoba 44 años.

-En La Hormiga: Ana María Rendón Londoño 31 años de edad y Jonathan Calderón Torres 17 años de edad.

-Y en Orito: Oscar Alexander Arango Velásquez 32 años de edad y Gonzalo Mariano Rodríguez 28 años de edad.

·         El 21 de febrero de 2016 en el departamento de Córdoba, previa amenaza fueron asesinados:

-En La Iriaca, Puerto Libertador, Felipe Martínez de 21 años.

-En El Caramelo, Tierralta. Jerónimo Alberto Pérez Montalvo de 20 años y Luis Miguel Torres Trejo de 22 años, ambos presentaron señales de tortura.

B.        Amenazas y Persecuciones:

- El 2 de marzo el sindicato de la salud en Barranquilla -Anthoc- recibió una caja con una cabeza de un perro mutilada y un panfleto amenazante.

-En Villeta, Cundinamarca, previo a asesinatos en la zona, circuló desde el pasado 5 de marzo un panfleto que anuncia acciones de la mal llamada “limpieza social”.

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-El domingo 12 de marzo circuló el segundo panfleto en menos de una semana  amenazando con la mal llamada “limpieza social” a pobladores de Segovia, Remediosy Vegachi, Antioquia.

-El domingo 6 de marzo fueron amenazadas de muerte víctimas de Mapiripán participantes en su asamblea realizada en Villavicencio.

-En Barrancabermeja, Norte de Santander, Sucre y Antioquia también han circulado panfletos amenazantes en los últimos días.

-Se ha denunciado el incremento de la presencia paramilitar en el departamento de El Castillo, Meta, desde febrero del presente año. El primero de marzo se encontró el cuerpo de un hombre desconocido por los habitantes del municipio, en la vereda Malabar.

- La defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, secretaria técnica del Movice capítulo Sucre fue objeto seguimiento y hostigamiento durante la última semana de febrero. Se tuvo información de que desde la cárcel de Sucre se estuvo planificando un atentado en su contra.

-Recientemente se ha intentado poner en tela de juicio el genocidio por motivos políticos contra la Unión Patriótica, donde más de 5 mil personas fueron asesinadas.

-El 10 de marzo son capturados los líderes sociales y defensores de DDHH Rigoberto Guarín Vallejo, de la Asociación Campesina del municipio de Caloto; el expresidente de la junta Vereda Pedregal, José Orlando

Angen Quintero; Noreida del Carmen Trejos Bueno de la vereda Pedregal y Wilson Castrillón Candela. Los primeras tres líderes son también integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos pro constitución de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Caloto –ASTRAZONACAL- e integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Departamento del Cauca.

Tras consolidar la información de distintas organizaciones, podemos señalar que es impactante el aumento del accionar paramilitar en todo el país, que ha producido en el último mes un total de 28 personas asesinadas, de las cuales 13 pertenecen al movimiento social y de derechos humanos; 15 personas fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de su estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia. El año pasado se registró un incremento de las amenazas; sin embargo, no se había registrado un número de asesinatos tan altos en un mes.

En total se han registrado 54 agresiones a personas líderes y organizaciones de derechos humanos, lo que equivale a 2 agresiones por día, entre amenazas, atentados, asesinatos, montajes judiciales y seguimiento.

Se han registrado por lo menos tres agresiones diarias contra víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En total son 14 las regiones afectadas por estos hechos: Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Sucre, Sur de Bolívar y Buenaventura.

Llama la atención que las regiones más afectadas con las recientes agresiones coinciden con las zonas prioritarias para la implementación del posconflicto determinadas por el Gobierno Nacional y el PNUD.

En las siguientes gráficos se puede constatar las cifras por agresión que se han registrado en el último mes, así como las regiones que son más afectadas:

  

Exigimos garantías de no repetición

Estos hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, así como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN.

Los ataques buscan amedrentar al movimiento social, popular y de Derechos Humanos, ante el amplio respaldo popular logrado por la convocatoria al Paro Nacional del 17 de marzo.  Coinciden también con la reciente captura de Santiago Uribe por presunto homicidio y nexos con el paramilitarismo y que llevó a que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en carta difundida por amplios medios de comunicación hiciera falsos señalamientos contra defensores de derechos humanos como el SJ  Javier Giraldo, el abogado Daniel Prado y Organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión Intereclesial de justicia y paz y el Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” que aumentan sus niveles de riesgo.

En consecuencia, exigimos a la Fiscalía General de la Nación, identificar a todos los responsables, incluyendo a los determinadores de estos crímenes. La impunidad es un estímulo a quienes persiguen y asesinan. La Justicia debe actuar. El Presidente Juan Manuel Santos, debe pronunciarse condenando estos ataques y llamando a las autoridades competentes, para que tomen cartas en el asunto, y se les garantice la vida e integridad personal a todos los colombianos. Su silencio hasta el momento es inaceptable, cuando el país busca la paz y la reconciliación.

                                                                                                   

Víctimas, Organizaciones, Movimientos Sociales y Populares, y Fuerzas Políticas, observamos con entusiasmo los avances que nos hacen soñar con el fin de buena parte del conflicto armado. Sin embargo para materializar este deseo no basta que las FARC-EP silencien sus fusiles y hagan tránsito a la vida civil y política, sino que es necesario que el Estado colombiano enfrente las causas  estructurales que han originado la guerra sucia  manifestada en persecución, estigmatización, exterminio y genocidio de líderes y lideresas del movimiento social, popular, de partidos políticos de oposición y de derechos humanos, que han adquirido la connotación de crímenes internacionales y que comprometen la responsabilidad de agentes del Estado y grupos paramilitares que han actuando bajo su anuencia y connivencia, tal y como se ha demostrado en múltiples fallos nacionales e internacionales.

Si el Estado no reconoce y condena estos crímenes, si no se eliminan las doctrinas y políticas de seguridad fundamentadas en el “enemigo interno” que persiste en caracterizar la lucha reivindicativa, la actividad sindical, la protesta social o la simple disidencia o crítica como una expresión de la “guerra política librada por el enemigo interno”, el “brazo político de la guerrilla, o “la guerra jurídica contra las fuerzas militares” ; si los medios de comunicación siguen haciendo eco de expresiones como “la guerra jurídica” en donde se acusa permanentemente a defensoras y defensores de derechos humanos de ser organizaciones ligadas a las guerrillas;  si no se desmonta el paramilitarismo se les investiga y sanciona incluyendo a sus promotores y beneficiarios; si no se depura la administración pública y la Fuerza Pública, y si no se hacen las reformas legales e institucionales no se podrá garantizar que estos crímenes no se volverán a repetir.

Una negociación que no aborde y resuelva estos problemas, a lo sumo logrará la desactivación de unos de los actores del conflicto armado, pero no sentará las bases de una paz duradera y sostenible como la anhela el pueblo colombiano.

En el marco de la conmemoración del Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, las organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y populares, líderes políticos y académicos solicitamos a la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, la urgencia de crear una COMISIÓN DE ALTO NIVEL DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, teniendo en cuenta la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios, líderes y lideresas, y conforme a los  propios acuerdos alcanzados por las partes en la Mesa de la Habana, y particularmente en:

El Acuerdo general para la terminación del Conflicto que establece en el punto (3)  fin del conflicto el cual es concebido como un proceso integral y simultáneo que implica entre otros aspectos que:

“ 3.4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificara el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos

3.5. El Gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesario para hacer frente a los retos de la construcción de paz”

La Declaración de Principios adoptada para la discusión del punto (5) de la agenda “Victimas” que en su punto ocho (8) establece las “ Garantías de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas…”  

El acuerdo alcanzado en el punto cinco (5) sobre derechos de las víctimas con la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), y el compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de derechos humanos, entre cuyos objetivos se encuentra en el punto 5.1.4. Garantías de no repetición, que “serán resultado por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra de la implementación de medidas adicionales de no repetición que se acuerden en el marco del punto 3 “Fin del conflicto” de la Agenda del Acuerdo General “

Con fundamento en lo anterior, proponemos que la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, adopte medidas de corto, mediano y largo plazo.

Entre las medidas más urgentes estarán: 1) Identificar los factores de riesgo,  patrones de las violaciones, estructuras  económicas, políticas y militares en el ámbito regional o nacional que  amenazan o ponen en peligro la vida e integridad de comunidades y liderazgos. 2) Hacer seguimiento a los deberes  y obligaciones de protección que tiene el Estado, las cuales serán concertadas con líderes y lideresas en riesgo, y con las comunidades conforme a sus particularidades regionales y planes de acción que ellas definan. 3) Hacer seguimiento a las obligaciones de persecución, desmonte real y efectivo del paramilitarismo, investigación y sanción de los responsables, auspiciadores y beneficiarios.

La Comisión de ANGNR, a mediano y largo plazo deberá cumplir entre otros con los siguientes objetivos:

§  Contribuir a la superación de toda forma de doctrina dentro la función pública, en particular de los organismos de seguridad del Estado, que sean contrarias al respeto integral de los derechos humanos y al reconocimiento de la pluralidad, la diversidad, y del Estado Social de Derecho como fundamento de la democracia.

§  Recomendar la depuración del Estado, de funcionarios que hayan atentado tanto por acción como por omisión contra los fines constitucionales del Estado

§  Depurar los archivos de inteligencia del Estado contra líderes sociales, sindicales, populares, políticos, indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores de derechos humanos

Para tal efecto, la Comisión debe estar habilitada para acceder sin restricción alguna y sin que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra índole, a los archivos y documentos del Estado, así como a todo lugar que se requiera para el desarrollo de su mandato.  Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda la información que considere pertinente. Realizar audiencias públicas y diligencias que estime convenientes en forma confidencial y pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen. También contará con la facultad de trazar lineamientos en justicia y otras reformas necesarias.

La Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición será de carácter oficial, mixta, y estará conformada por expertos de reconocida trayectoria ética a nivel Internacional y Nacional , sectores sociales y populares, movimientos y partidos políticos de oposición, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

La Comisión de ANGNR,  alertara, vigilara, recomendara y hará seguimiento al cumplimiento del proceso de transformación institucional que ofrezca garantías de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, el pleno y efectivo goce y respeto de los derechos humanos, por tanto abordará las reformas institucionales necesarias para este fin, entre ellas a las Fuerzas Militares y Administración de Justicia, entre otras, que contribuyan a la superación de las causas estructurales de la violencia socio-política y del conflicto armado.

De todas formas, los objetivos, la conformación y el funcionamiento, serán objeto de un amplio proceso participativo y de discusión de los sectores sociales, populares, sindicales, víctimas de crímenes de estado y organizaciones  de Derechos Humanos.

Finalmente, las víctimas, defensoras y defensores, organizaciones, movimientos sociales, populares y políticos, anunciamos desde ya, que entablaremos un diálogo epistolar con los actuales escenarios de las negociaciones de paz para presentar periódicamente informes sobre la situación de derechos humanos en las diferentes regiones del país. Esto, como mecanismo para seguir construyendo la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, de cara a la sociedad colombiana.

Bogotá, Colombia 15 de marzo de 2016.