La Corporación Yurupari, se suma a la exigencia realizada el 15 de marzo des Bogotá a la mesa de la Habana, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Organizaciones Sociales y Organizaciones de Derechos Humanos continuación pronunciamiento.
Al Presidente Juan
Manuel Santos
A la Mesa de conversaciones
en la Habana, Cuba
A los Países garantes Cuba y Noruega
A los Países acompañantes Chile y Venezuela
A Organizaciones de
Naciones Unidas y Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y demás organismos interestatales de protección
A los Medios de
Comunicación
A la Opinión Pública
nacional e internacional
S.O.S.
POR
LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ:
GARANTÍAS
DE NO REPETICIÓN
En las
últimas dos semanas se han presentado las siguientes agresiones al movimiento
social, popular y de Derechos Humanos.
A. Asesinatos.
·
El día 12 de Marzo de 2016 fue desaparecida, violentada sexualmente y
asesinada Sharon Daiana Marmol, de 14 años, hija de un líder social del Sur de
Bolívar. En sus exequias, los asistentes fueron brutalmente atacados por el
ESMAD. Dos personas perdieron la vida, entre ellas Leonel Ortega.
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El 10 de marzo de 2016 en Arauquita,
Arauca, fueron asesinados Milton Yesid Escobar Rodríguez, escolta del dirigente
Martín Sandoval e hijo del dirigente de Marcha Patriótica Rigoberto Escobar, y
Gil de Jesús Silgado, dirigente comunal campesino.
·
El 7 de marzo de 2016 fue asesinado
en el Bagre, Antioquia, William Castillo, dirigente Aheremigua.
·
El 6 de marzo de 2016 fue asesinado
Klaus Zapata, líder de las juventudes comunistas en Soacha, Cundinamarca. 7
·
El 4 de marzo de 2016 en el caserío
el Malabar, municipio de El Castillo, Meta fue asesinado un hombre sin
identificar en un contexto de control paramilitar de la zona.
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El 2 de marzo de 2018 fue asesinado
en Popayán William Alexander Oime, líder indígena del Tambo, Cauca.
·
El primero de marzo de 2016 fue
asesinado en el corregimiento de Sabanas de Pedro, en el municipio de los
Palmitos, Hernando Pérez Iriarte, representante de su familia en proceso de
restitución de tierras.
·
El 29 de Febrero en Tarazá, Antioquia,
en medio de un ataque del ejército nacional hacia la población civil fue
asesinado Gilberto de Jesús Quintero.
·
El 28 de febrero de 2016 la líder
campesina Maricela Tombé fue asesinada en El Tambo, Cauca.
·
El 23 de febrero de 2016 en Segovia,
Antioquia fueron asesinados Óber Díaz
Guerrero, de 23 años; Esnéider Torres Fonnegra, de 25 años; Brayan Steven
Montaño, de 20 años y el menor de edad Samuel Emilio Gómez Zapata, de 17 años.
·
Del 4 al 7 de marzo en el
departamento del Putumayo tras aparecer planfetos amenazantes que anunciaban la
mal llamada “Limpieza social” han sido asesinados:
-En el municipio de Puerto Asís:
Duber Fernando Vélez 18 años de edad, Luis Humberto Donado 22 años de edad,
Héctor Fabio Gómez y Luis Obando, de 22 años de edad.
-En Puerto Caicedo: Sabulón Burbano
Córdoba 44 años.
-En La Hormiga: Ana María Rendón
Londoño 31 años de edad y Jonathan Calderón Torres 17 años de edad.
-Y en Orito: Oscar Alexander Arango
Velásquez 32 años de edad y Gonzalo Mariano Rodríguez 28 años de edad.
·
El 21 de febrero de 2016 en el
departamento de Córdoba, previa amenaza fueron asesinados:
-En La Iriaca, Puerto Libertador,
Felipe Martínez de 21 años.
-En El Caramelo, Tierralta. Jerónimo
Alberto Pérez Montalvo de 20 años y Luis Miguel Torres Trejo de 22 años, ambos
presentaron señales de tortura.
B. Amenazas
y Persecuciones:
- El 2
de marzo el sindicato de la salud en Barranquilla -Anthoc- recibió una caja con
una cabeza de un perro mutilada y un panfleto amenazante.
-En
Villeta, Cundinamarca, previo a asesinatos en la zona, circuló desde el pasado
5 de marzo un panfleto que anuncia acciones de la mal llamada “limpieza
social”.
-
-El domingo
12 de marzo circuló el segundo panfleto en menos de una semana amenazando con la mal llamada “limpieza
social” a pobladores de Segovia, Remediosy Vegachi, Antioquia.
-El
domingo 6 de marzo fueron amenazadas de muerte víctimas de Mapiripán
participantes en su asamblea realizada en Villavicencio.
-En
Barrancabermeja, Norte de Santander, Sucre y Antioquia también han circulado
panfletos amenazantes en los últimos días.
-Se ha
denunciado el incremento de la presencia paramilitar en el departamento de El
Castillo, Meta, desde febrero del presente año. El primero de marzo se encontró
el cuerpo de un hombre desconocido por los habitantes del municipio, en la
vereda Malabar.
- La
defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, secretaria técnica del Movice
capítulo Sucre fue objeto seguimiento y hostigamiento durante la última semana
de febrero. Se tuvo información de que desde la cárcel de Sucre se estuvo
planificando un atentado en su contra.
-Recientemente
se ha intentado poner en tela de juicio el genocidio por motivos políticos
contra la Unión Patriótica, donde más de 5 mil personas fueron asesinadas.
-El 10
de marzo son capturados los líderes sociales y defensores de DDHH Rigoberto
Guarín Vallejo, de la Asociación
Campesina del municipio de Caloto; el expresidente de la junta Vereda Pedregal,
José Orlando
Angen Quintero; Noreida del Carmen Trejos Bueno
de la vereda Pedregal y Wilson Castrillón Candela. Los primeras tres líderes
son también integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos pro
constitución de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Caloto
–ASTRAZONACAL- e integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
en Departamento del Cauca.
Tras
consolidar la información de distintas organizaciones, podemos señalar que es
impactante el aumento del accionar paramilitar en todo el país, que ha
producido en el último mes un total de 28
personas asesinadas, de las cuales
13 pertenecen al movimiento social y de derechos humanos; 15 personas fueron
asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como
parte de su estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades
donde hacen presencia. El año pasado se registró un incremento de las amenazas;
sin embargo, no se había registrado un número de asesinatos tan altos en un
mes.
En total
se han registrado 54 agresiones a personas líderes y organizaciones de derechos
humanos, lo que equivale a 2 agresiones por día, entre amenazas, atentados,
asesinatos, montajes judiciales y seguimiento.
Se han
registrado por lo menos tres agresiones diarias contra víctimas, líderes
sociales y defensores de derechos humanos.
En total
son 14 las regiones afectadas por estos hechos: Santander, Putumayo, Antioquia,
Arauca, Atlántico, Cauca Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de
Santander, Sucre, Sur de Bolívar y Buenaventura.
Llama la
atención que las regiones más afectadas con las recientes agresiones coinciden
con las zonas prioritarias para la implementación del posconflicto determinadas
por el Gobierno Nacional y el PNUD.
En las
siguientes gráficos se puede constatar las cifras por agresión que se han
registrado en el último mes, así como las regiones que son más afectadas:
Exigimos garantías de no repetición
Estos
hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios
de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz
con las FARC-EP, así como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN.
Los
ataques buscan amedrentar al movimiento social, popular y de Derechos Humanos, ante
el amplio respaldo popular logrado por la convocatoria al Paro Nacional del 17
de marzo. Coinciden también con la
reciente captura de Santiago Uribe por presunto homicidio y nexos con el
paramilitarismo y que llevó a que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en carta
difundida por amplios medios de comunicación hiciera falsos señalamientos
contra defensores de derechos humanos como el SJ Javier Giraldo, el abogado Daniel Prado y
Organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión Intereclesial de justicia y
paz y el Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” que aumentan sus niveles
de riesgo.
En consecuencia,
exigimos a la Fiscalía General de la Nación, identificar a todos los
responsables, incluyendo a los determinadores de estos crímenes. La impunidad
es un estímulo a quienes persiguen y asesinan. La Justicia debe actuar. El
Presidente Juan Manuel Santos, debe pronunciarse condenando estos ataques y
llamando a las autoridades competentes, para que tomen cartas en el asunto, y
se les garantice la vida e integridad personal a todos los colombianos. Su
silencio hasta el momento es inaceptable, cuando el país busca la paz y la
reconciliación.
Víctimas,
Organizaciones, Movimientos Sociales y Populares, y Fuerzas Políticas, observamos
con entusiasmo los avances que nos hacen soñar con el fin de buena parte del
conflicto armado. Sin embargo para materializar este deseo no basta que las
FARC-EP silencien sus fusiles y hagan tránsito a la vida civil y política, sino
que es necesario que el Estado colombiano enfrente las causas estructurales que han originado la guerra sucia manifestada en persecución, estigmatización, exterminio
y genocidio de líderes y lideresas del movimiento social, popular, de partidos
políticos de oposición y de derechos humanos, que han adquirido la connotación
de crímenes internacionales y que comprometen la responsabilidad de agentes del
Estado y grupos paramilitares que han actuando bajo su anuencia y connivencia,
tal y como se ha demostrado en múltiples fallos nacionales e internacionales.
Si el Estado no reconoce y condena estos
crímenes, si no se eliminan las doctrinas y políticas de seguridad fundamentadas
en el “enemigo interno” que persiste
en caracterizar la lucha reivindicativa, la actividad sindical, la protesta
social o la simple disidencia o crítica como una expresión de la “guerra política librada por el enemigo
interno”, el “brazo político de la
guerrilla, o “la guerra jurídica contra las fuerzas militares” ; si los
medios de comunicación siguen haciendo eco de expresiones como “la guerra jurídica” en donde se acusa
permanentemente a defensoras y defensores de derechos humanos de ser
organizaciones ligadas a las guerrillas; si no se desmonta el paramilitarismo se les
investiga y sanciona incluyendo a sus promotores y beneficiarios; si no se
depura la administración pública y la Fuerza Pública, y si no se hacen las
reformas legales e institucionales no se podrá garantizar que estos crímenes no
se volverán a repetir.
Una
negociación que no aborde y resuelva estos problemas, a lo sumo logrará la
desactivación de unos de los actores del conflicto armado, pero no sentará las
bases de una paz duradera y sostenible como la anhela el pueblo colombiano.
En el
marco de la conmemoración del Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de
Estado, las organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de derechos
humanos, organizaciones sociales y populares, líderes políticos y académicos solicitamos
a la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, la urgencia de crear una COMISIÓN
DE ALTO NIVEL DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, teniendo en cuenta la grave
situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios, líderes y
lideresas, y conforme a los propios
acuerdos alcanzados por las partes en la Mesa de la Habana, y particularmente
en:
El Acuerdo general para la terminación del
Conflicto que establece en el punto (3) fin
del conflicto el cual es concebido como un proceso integral y simultáneo
que implica entre otros aspectos que:
“ 3.4.
En forma paralela el Gobierno Nacional intensificara el combate para acabar con
las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra
la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización
responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
3.5. El Gobierno
nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesario
para hacer frente a los retos de la construcción de paz”
La
Declaración de Principios adoptada
para la discusión del punto (5) de la agenda “Victimas” que en su punto ocho (8) establece las “ Garantías de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de
las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de
no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de
víctimas…”
El
acuerdo alcanzado en el punto cinco (5)
sobre derechos de las víctimas con la creación de un sistema integral de
verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), y el compromiso con la promoción, el respeto y la
garantía de derechos humanos, entre
cuyos objetivos se encuentra en el punto 5.1.4. Garantías de no repetición,
que “serán
resultado por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores
medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo
Final; y por la otra de la implementación de medidas adicionales de no
repetición que se acuerden en el marco del punto 3 “Fin del conflicto” de la
Agenda del Acuerdo General “
Con fundamento en lo anterior, proponemos que la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, adopte medidas de corto, mediano y
largo plazo.
Entre las medidas más urgentes estarán: 1) Identificar los factores de riesgo, patrones de las violaciones, estructuras
económicas, políticas y militares en el ámbito regional o nacional que amenazan o ponen en peligro la vida e
integridad de comunidades y liderazgos. 2) Hacer seguimiento a los deberes y obligaciones de protección que tiene el
Estado, las cuales serán concertadas con líderes y lideresas en riesgo, y con
las comunidades conforme a sus particularidades regionales y planes de acción que
ellas definan. 3) Hacer seguimiento a las obligaciones de persecución, desmonte
real y efectivo del paramilitarismo, investigación y sanción de los
responsables, auspiciadores y beneficiarios.
La
Comisión de ANGNR, a mediano y largo plazo deberá cumplir entre otros con los siguientes objetivos:
§ Contribuir a la superación de toda
forma de doctrina dentro la función pública, en particular de los organismos de
seguridad del Estado, que sean contrarias al respeto integral de los derechos
humanos y al reconocimiento de la pluralidad, la diversidad, y del Estado
Social de Derecho como fundamento de la democracia.
§ Recomendar la depuración del Estado,
de funcionarios que hayan atentado tanto por acción como por omisión contra los
fines constitucionales del Estado
§ Depurar los archivos de inteligencia
del Estado contra líderes sociales, sindicales, populares, políticos,
indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores de derechos humanos
Para tal
efecto, la Comisión debe estar habilitada para acceder sin restricción alguna y
sin que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra índole, a los archivos
y documentos del Estado, así como a todo lugar que se requiera para el
desarrollo de su mandato. Entrevistar y
recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda
la información que considere pertinente. Realizar audiencias públicas y
diligencias que estime convenientes en forma confidencial y pudiendo guardar
reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o
participen. También contará con la facultad de trazar lineamientos en justicia
y otras reformas necesarias.
La Comisión de Alto Nivel de Garantías de No
Repetición será de carácter oficial, mixta, y estará conformada por
expertos de reconocida trayectoria ética a nivel Internacional y Nacional , sectores
sociales y populares, movimientos y partidos políticos de oposición, organizaciones
de víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La
Comisión de ANGNR, alertara, vigilara, recomendara y hará
seguimiento al cumplimiento del proceso de transformación institucional que
ofrezca garantías de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos
y derecho internacional humanitario, el pleno y efectivo goce y respeto de los
derechos humanos, por tanto abordará las reformas institucionales necesarias
para este fin, entre ellas a las Fuerzas Militares y Administración de Justicia,
entre otras, que contribuyan a la superación de las causas estructurales de la
violencia socio-política y del conflicto armado.
De
todas formas, los objetivos, la conformación y el funcionamiento, serán objeto
de un amplio proceso participativo y de discusión de los sectores sociales,
populares, sindicales, víctimas de crímenes de estado y organizaciones de Derechos Humanos.
Finalmente,
las víctimas, defensoras y defensores, organizaciones, movimientos sociales,
populares y políticos, anunciamos desde
ya, que entablaremos un diálogo epistolar con los actuales escenarios de
las negociaciones de paz para presentar periódicamente informes sobre la
situación de derechos humanos en las diferentes regiones del país. Esto, como mecanismo
para seguir construyendo la Comisión de Alto
Nivel de Garantías de No Repetición, de cara a la sociedad colombiana.
Bogotá,
Colombia 15 de marzo de 2016.
