Comunicado Público a la Comunidad Internacional

La Minga Social, Indígena y Popular, Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía son actualmente  reprimidas y amenazadas por grupo paramilitar los Rastrojos.

Bogotá 18 de Octubre.

La Corporación Yurupari organización No Gubernamental de Derechos Humanos con presencia en Colombia, hace un llamado al Estado Colombiano, a las Fuerzas Militares, al Señor presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, suspender la grave situación de vulneración de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se vienen presentando en el marco de la Minga Social, Indígena y Popular, Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía.

Los pueblos indígenas que se movilizan desde el pasado 12 de octubre, desde sus resguardos, en diversos puntos de la geografía nacional, las  concentraciones de la Minga Indígena y popular se encuentran ubicadas en los Municipios de:  Irra, Buenaventura, la Virginia, Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Puracé, Caloto, Ricaurte, Saldaña, Hobo,  Apartadó, Carmen de Atrato,  Yopal, Saravena, Puerto Gaitán,  Saldaño, Chinú, Valledupar, Riohacha, Albania, Leticia 

Reclaman:

Una política agraria que tenga en cuenta a los más humildes habitantes de la ruralidad colombiana, afros, campesinos e indígenas.

El respeto por los derechos de los pueblos indígenas el derecho a la vida y la autonomía territorial,  

Luchan contra los tratados de libre comercio que traerán consigo la pobreza en el campo  y la entrega de grandes extensiones de tierra para grandes multinacionales.

Por el cumplimiento de los acuerdos logrados en las mesas de concertación incumplidos por los diversos estamentos del Estado.

Marchan contra la política minero energética impulsada por el gobierno en sus grandes locomotoras de desarrollo. La explotación indiscriminada en petróleo, oro, coltán, carbón y todo tipo de minerales que están desangrando la madre tierra, contaminando los ríos, tumbando montañas, deforestando bosques, desplazando comunidades campesinas, indígenas, negras, llenado los campos y ciudades de pobreza y miseria; este actuar irracional a la larga y a todos afectaría los derechos constitucionales de cada uno de los colombianos a la alimentación, y el derecho al agua.

El Derecho a la protesta social y a la libre expresión  vienen siendo reprimidas según las denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia de la siguiente manera: el día 18 de octubre reportan 34 personas heridas, algunas con heridas de bala, golpeadas, gaseadas. 

En varias regiones del país, la Fuerza Pública (Ejército y Policía) arremete a sangre    y fuego contra toda la población movilizada, sin respetar infancia, mujeres y ancianos.

Es el caso de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. En este último, donde la movilización es convocada    por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y sus 9 Asociaciones, hay un saldo inicial de 15 heridos, tres menores         de edad alcanzados por balas de la Fuerza Pública.

(18 de octubre), desde el amanecer, el ESMAD y el Ejército se metieron en la concentración de      los indígenas ubicada en la vereda La Agustina (Santander de Quilichao), quemando y destruyendo los cambuches donde
duermen, las cocinas donde preparan los alimentos y toda la infraestructura logística de la población movilizada, sin importar que los niños y mujeres aún se encontraban durmiendo, haciendo uso excesivo de la fuerza y violencia.

A todos estos hechos se agrega las amenazas proferidas por el grupo paramilitar los Rastrojos, en panfleto emitido por este “declarar “objetivo militar” a los líderes indígenas “Luis Fernando Arias y demás directivos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, a  las Autoridades indígena de CRIC, Aida Quilcue, Feliciano Valencia, a los asesores Gilberto Yajue, Luis Acosta, Enry Caballero, Jorge Vicente  Otero, ACIN, Medios de Comunicación del Suroccidente e indígenas populares”. Tomado del Comunicado público No 17 zona Norte del Cauca octubre 15 de 2013.

La Corporación Yurupari Hace un llamado:

Petición al Gobierno Nacional: atender con Urgencia la Salvaguarda de los derechos humanos  de los pueblos indígenas y campesinos del país, si mayor dilación.

Solicitamos al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro Aurelio Irragorri, cumplir los acuerdos de las mesas de concertación y reanudar los diálogos dando cumplimiento a los acuerdos firmados.

 

A los entes de control del estado encargados de vigilar por el respeto de los derechos humanos cumplir con sus funcionarios y empezar aplicar las es disciplinarias con los funcionarios públicos que ocasionan daño a la libertad de expresión

A la fiscalía General de la Nación investigar y sancionar las amenazas proferidas por este grupo paramilitar los Rastrojos. 

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al cuerpo diplomático internacional  para que actúen prontamente para evitar más violaciones a los derechos humanos y  salvaguardar  a la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia.

Por ultimo

La Corporación Yurupari manifiesta la solidaridad con las protestas sociales  indígenas, campesinas y hace un llamado al estamento militar  de evitar las confrontaciones con la población  marchante, que desproporcionadamente utilizan la fuerza dejando violaciones imborrables en los derechos humanos.