La Minga
Social, Indígena y
Popular, Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía son actualmente reprimidas y amenazadas por grupo paramilitar
los Rastrojos.
Bogotá 18 de Octubre.
La Corporación Yurupari
organización No Gubernamental de Derechos Humanos con presencia en Colombia,
hace un llamado al Estado Colombiano, a las Fuerzas Militares, al Señor
presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, suspender la grave situación de vulneración de Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario que se vienen presentando en el marco de la
Minga Social, Indígena y Popular,
Por la Vida, Territorio, La Autonomía y La Soberanía.
Los pueblos indígenas que se movilizan desde el
pasado 12 de octubre, desde sus resguardos, en diversos puntos
de la geografía nacional, las concentraciones
de la Minga Indígena y popular se encuentran ubicadas en los Municipios de: Irra, Buenaventura, la Virginia, Santander de
Quilichao, Caldono, Piendamó, Puracé, Caloto, Ricaurte, Saldaña, Hobo, Apartadó, Carmen de Atrato, Yopal, Saravena, Puerto Gaitán, Saldaño, Chinú, Valledupar, Riohacha,
Albania, Leticia
Reclaman:
Una política agraria que tenga en cuenta a los más
humildes habitantes de la ruralidad colombiana, afros, campesinos e indígenas.
El respeto por los derechos de los pueblos indígenas el derecho a la vida y
la autonomía territorial,
Luchan contra los tratados de libre comercio que traerán consigo la pobreza
en el campo y la entrega de grandes extensiones
de tierra para grandes multinacionales.
Por el cumplimiento de los acuerdos logrados en las mesas de concertación
incumplidos por los diversos estamentos del Estado.
Marchan contra la
política minero energética impulsada por el gobierno en sus grandes locomotoras
de desarrollo. La explotación indiscriminada en petróleo, oro, coltán, carbón y
todo tipo de minerales que están desangrando la madre tierra, contaminando los
ríos, tumbando montañas, deforestando bosques, desplazando comunidades campesinas,
indígenas, negras, llenado los campos y ciudades de pobreza y miseria; este
actuar irracional a la larga y a todos afectaría los derechos constitucionales
de cada uno de los colombianos a la alimentación, y el derecho al agua.
El Derecho a la protesta social y a la libre expresión vienen siendo reprimidas según las denuncias
de la Organización Nacional Indígena de Colombia de la siguiente manera: el día
18 de octubre reportan 34 personas heridas, algunas con heridas de bala,
golpeadas, gaseadas.
En varias regiones del país, la Fuerza Pública
(Ejército y Policía) arremete a sangre y
fuego contra toda la población movilizada, sin respetar infancia, mujeres y
ancianos.
Es el caso de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. En este último, donde la movilización es convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y sus 9 Asociaciones, hay un saldo inicial de 15 heridos, tres menores de edad alcanzados por balas de la Fuerza Pública.
(18 de octubre), desde el amanecer, el ESMAD y el Ejército se metieron
en la concentración de los indígenas
ubicada en la vereda La Agustina (Santander de Quilichao), quemando y
destruyendo los cambuches donde
duermen, las cocinas donde preparan los alimentos y toda la infraestructura logística de la población movilizada, sin importar que los niños y mujeres aún se encontraban durmiendo, haciendo uso excesivo de la fuerza y violencia.
duermen, las cocinas donde preparan los alimentos y toda la infraestructura logística de la población movilizada, sin importar que los niños y mujeres aún se encontraban durmiendo, haciendo uso excesivo de la fuerza y violencia.
A todos estos hechos se agrega las amenazas proferidas por el grupo
paramilitar los Rastrojos, en panfleto emitido por este “declarar “objetivo
militar” a los líderes indígenas “Luis Fernando Arias y demás directivos de la
Organización Nacional Indígena de Colombia, a
las Autoridades indígena de CRIC, Aida Quilcue, Feliciano Valencia, a
los asesores Gilberto Yajue, Luis Acosta, Enry Caballero, Jorge Vicente Otero, ACIN, Medios de Comunicación del
Suroccidente e indígenas populares”. Tomado del Comunicado público No 17 zona
Norte del Cauca octubre 15 de 2013.
La Corporación Yurupari Hace
un llamado:
Petición al Gobierno Nacional:
atender con Urgencia la Salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos del
país, si mayor dilación.
Solicitamos al
presidente Juan Manuel Santos y al Ministro Aurelio Irragorri, cumplir los
acuerdos de las mesas de concertación y reanudar los diálogos dando
cumplimiento a los acuerdos firmados.
A los entes de control del
estado encargados de vigilar por el respeto de los derechos humanos cumplir con
sus funcionarios y empezar aplicar las es disciplinarias con los funcionarios
públicos que ocasionan daño a la libertad de expresión
A la fiscalía General de la
Nación investigar y sancionar las amenazas proferidas por este grupo
paramilitar los Rastrojos.
Hacemos un llamado a las
organizaciones de derechos humanos y al cuerpo diplomático internacional para que actúen prontamente para evitar más
violaciones a los derechos humanos y
salvaguardar a la pervivencia de
los pueblos indígenas en Colombia.
Por ultimo
La Corporación Yurupari
manifiesta la solidaridad con las protestas sociales indígenas, campesinas y hace un llamado al
estamento militar de evitar las
confrontaciones con la población
marchante, que desproporcionadamente utilizan la fuerza dejando violaciones
imborrables en los derechos humanos.
