Solidaridad con el colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo

CARTA PÚBLICA DE SOLIDARIDAD CON EL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO Y LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO

La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos multiétnico y pluricultural, manifiesta su solidaridad y apoyo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; ante los anuncios de La Fiscal General, Viviane Morales, sobre la apertura de una investigación para establecer responsabilidades en un caso de "falsas víctimas" de la matanza de Mapiripán, perpetrada por paramilitares en 1997, y admitió que en ese caso fue menor el número de fallecidos. Es de recordar que por esa masacre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en 2005 y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.

La corporación Yurupari, tiene una serie de preocupaciones que llaman la atención sobre un estado creciente y sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país.

1. Vemos un estado de cosas inconstitucionales que ocurren en el país frente al tema de los derechos humanos y la impunidad, que habita en Colombia durante muchos años, en el cual muchas y muchos defensores de derechos humanos han sido víctimas de innumerables hechos como son: desapariciones, señalamientos, asesinatos, destierro, persecuciones, detenciones, amenazas, investigaciones judiciales, montajes, chuzadas desde los organismos de inteligencia, descredito a la labor como defensores y acusaciones desde el más alto cargo público, es decir: que las y los defensores son el arma jurídica de la Guerrilla Colombiana.
2. Somos consientes del avance teórico en materia de nuevas leyes que buscan salvaguardar los derechos de las victimas con el logro de este gobierno con la aprobada Ley 1448 la cual buscara reparar a las víctimas del conflicto y restituir las tierras a los desplazados. Sin embargo, la Corporación cree que el gobierno va contrariando esta iniciativa al seguir impulsando Leyes que protegen a los victimarios (grupos paramilitares), la reforma a la justicia, e impulso al Fuero Penal Militar. Los derechos de las víctimas son desdibujados, son muchos los casos donde las victimas

acuden a la justicia para denunciar los hechos violatorios ocurridos contra sus derechos y terminan siendo las victimas investigados por la justicia y se les incrimina como si fueran ellos mismos como sus propios victimarios y se pone en entredicho la veracidad de los hechos o como si todo fuera un invento de las víctimas.

3. Pensando en las Chuzadas y en los operativos del Das contra las y los organismos de derechos humanos y entre ellos los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, no vemos una fiscalía comprometida en entregar resultados eficaces contra esta andanada criminal contra los defensores de derechos humanos y las investigaciones se han quedado en unas cuantas personalidades como si los miembros de los organismos de derechos humanos realmente fueran criminales. Esto nos hace dudar que este nuevo proceso que se inicia contra el mundo de los defensores, defensoras abogados, de las victimas haga parte de ese mundo de descredito contra el buen nombre de nuestras instituciones.

Rastreando entre nuestros documentos queremos citar del escrito del Padre Javier Giraldo (Algunos rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país) presentado en Medellín en la Universidad de Antioquia el día 13 de mayo del 2011. El genio de Rousseau, rebelde y alternativo, tuvo el merito de señalarnos las debilidades e insuficiencias de las ciencias; de las teorías; de los ejercicios cognitivos de la razón. Para él, las ciencias todas se originaron en los vicios humanos, mientras que las virtudes tomaron como base el sentimiento de conmiseración o solidaridad de especie, que fue capaz de construir o diseñar sistemas sociales más atractivos y justos. Según Rousseau, un filósofo o un científico puede ver descuartizar a un ser humano bajo su ventana, y le basta frotarse los ojos mientras concibe un argumento legitimador de su inacción para seguir durmiendo con tranquilidad; en cambio el hombre virtuoso se entregaría de inmediato, y seguro de manera emotiva e imprudente, a la acción solidaria, arrastrado por sentimientos impulsivos muy similares a los animales, que demuestran mas solidaridad que los humanos.

4. Nuestro principio de la solidaridad es la que mueve nuestra labor como defensores, y es ella la que abre nuestras oficinas a la atención a innumerables victimas, las cuales llegan con sus dolores y con el deseo de ser escuchadas. Después de haber llegado de los órganos de control del Estado sin ninguna respuesta a sus quejas. Nuestra fe hace que esa atención tenga acogida y una respuesta rápida y oportuna. Nuestra labor es humana y no busca la utilización de las victimas como lo pudiera plantear la frase de Maquiavelo el fin justifica los medios, los defensores no somos corruptos y no utilizamos a las víctimas para volvernos ricos.
5. Nuestra labor como defensoras y defensores está reconocida por el Sistema Universal de Derechos humanos y por el Sistema Americano. Nuestra labor es legal y no ilegal como pretenden menoscabar nuestro derecho funcionarios del Estado y los medios de Comunicación.
6. Trabajamos en el marco constitucional, promoviendo la educación, la defensa, la asesoría a las víctimas, el respeto a los derechos humanos.
7. Luchamos por la paz y los derechos humanos y sin lugar a dudas exigiendo la verdad, la justicia y el castigo frente a innumerables crímenes de lesa humanidad, pues creemos que un Estado que se fundamente en la guerra y en la muerte a los que piensan diferente a los modelos vigentes inconsultos de desarrollo.
8. Hoy le exigimos a la fiscalía y a los órganos de control del Estado Colombiano, respuestas claras frente los más de 2000 indígenas asesinados y cuya información es conocida por la Fiscalía. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christian Salazar, durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Según el funcionario de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas". Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos". Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años". Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves", y Colombia, subrayó, "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada". Dónde están quedando las investigaciones de más 2.828 cadáveres que han sido encontrados en 2.316 fosas comunes en el marco de Justicia y Paz.
9. Las diversas organizaciones de derechos humanos y de victimas que hacen parte del MOVICE han podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de re victimización contra los miembros de la organización hasta el 6 de agosto del 2011. De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos.

Exigimos al Estado

1. Que a las personas u organizaciones de dd.hh, incriminadas en expedientes de inteligencia militar se les garantice el ejercicio efectivo de su derecho constitucional a obtener la rectificación, aclaración o nulidad de las informaciones.

2. A garantizar el debido proceso. Además de la igualdad ante la ley, el derecho sin discriminación a igual protección de la ley y el derecho a la presunción de inocencia hasta tanto se establezca la culpabilidad.

3. Al Estado y al Gobierno incumbe la responsabilidad de ciertas actuaciones u omisiones de algunas instituciones, medios de comunicación y autoridades que han podido contribuir al desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones; principalmente como resultado de la publicación de opiniones adversas, de señalamientos y acusaciones infundadas en contra de organizaciones y personas de las organizaciones de derechos humanos.

Por último a los organismos internacionales de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ser veedores de las actuaciones judiciales que se prevén en lo anunciado por la Fiscalía General de la Nación frente al caso Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Bogotá 28 de octubre de 2011