NUESTROS COMUNICADOS DE PRENSA

sábado, 18 de septiembre de 2010

Graves violaciones a los derechos humanos U de A

A La Corporación Yurupari, ha llegado la siguiente denuncia la cual transcribimos y damos a difundir por nuestro medio. Manifiéstanos nuestro mas contúndete rechazo a la forma como el Gobierno Departamental y Nacional quiere resolver los derechos de reclamo de los estudiantes en los claustros en el país, no entendemos como la libre defesa de la Educación se convierta en una amenaza antiterrorista y se ocupen y se hagan requisas en las instituciones Universitarias y instituciones de primaria y secundaria por parte de la policía.

Manifestamos como Corporación Yurupari, la preocupación por las Graves violaciones a los derechos humanos durante la ocupación del ESMAD en la Universidad de Antioquia.

La Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos GUSTAVO MARULANDA denuncia la manera como la Administración de la Universidad de Antioquia y la Gobernación reprimieron una manifestación estudiantil cuando se autorizó, bajo infundios, el ingreso al claustro universitario del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, lo cual dejó un número no determinado de heridos, cinco capturas y cuantiosos daños al interior del campus. (Leer en comunicados)

¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?

La Corporación Yurupari, reenvía la siguiente carta escrita por el padre Javier Giraldo Moreno, S. J. apropósito de las reflexiones de que en la Universidad Jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Nos sumamos como defensores de derechos humanos en Colombia a las preocupaciones manifestadas por el padre Javier Giraldo ilustre defensor de derechos humanos.

Carta al Padre John Dear, S. J., jesuita estadounidense que ha recorrido muchas zonas de guerra del mundo como activista de la paz y ha sufrido la cárcel por oponerse a las políticas criminales de su país. Ha publicado muchos libros sobre espiritualidad cristiana de la paz y ha visitado varias regiones de Colombia.

Estimado y recordado John:
Recibe un fraterno y cariñoso saludo.
Te escribo muy preocupado por el hecho de que en nuestra universidad jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No ceso de recibir mensajes de personas y grupos que sufrieron enormemente durante su gobierno, que reclaman y cuestionan la actitud de nuestra Compañía o su falta de discernimiento ético al tomar este tipo de decisiones.

Es posible que las directivas de Georgetown hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones económicas o políticas, pero es difícil que ignoren al menos las profundas controversias éticas que levantó su gobierno y los cuestionamientos y sanciones que recibió de muchos organismos internacionales que tratan de proteger la dignidad humana. El sólo hecho de que durante su carrera política, desde que era Gobernador del Departamento de Antioquia (1995-1997) hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente “Convivir”, que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes cometiendo otras muchas atrocidades, ya implica una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro. Pero no sólo continuó patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado, como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno, mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de los paramilitares.

Además, fue escandalosa durante su gobierno la práctica de los “falsos positivos” consistente en asesinar civiles, principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan justicia.

La corrupción durante su gobierno fue más que escandalosa, no sólo por la presencia de narcotraficantes en los puestos públicos sino porque el Congreso y muchos cargos de gobierno fueron ocupados por delincuentes. Hoy hay más de cien congresistas en procesos criminales, todos ellos del entorno electoral más cercano del Presidente Uribe.

Fue escandalosa la compra de conciencias para manipular los aparatos de justicia, lo que terminó destruyendo, en niveles muy profundos, la conciencia moral del país. También fue escandalosa la corrupción con que sus ministros más cercanos manejaron la política agraria para favorecer a los más ricos con los dineros públicos, mientras impedía y estigmatizaba los proyectos sociales. La corrupción de sus hijos, para enriquecerse a costa de ventajas de poder, escandalizó en su momento a toda la nación. También utilizó el organismo de seguridad que estaba directamente bajo su control (el Departamento Administrativo de Seguridad) para espiar mediante controles telefónicos clandestinos, a las Cortes de Justicia, a los políticos de la oposición, a los movimientos sociales y de derechos humanos.

Fueron en extremo escandalosos los mecanismos corruptos de los cuales se valió para lograr su reelección a la Presidencia en 2006, lo cual ha llevado a ministros y colaboradores cercanos suyos ad portas de la cárcel. El manejo que hizo de coordinación entre el Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se produjeran 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Sus estrategias de impunidad para quienes desde el Estado o el Paraestado perpetraron crímenes de lesa humanidad, pasarán a la historia por su atrevimiento.

La decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra a Álvaro Uribe, no sólo ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos sino que pone en alto riesgo la formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington. ¿Dónde queda la ética de la Compañía de Jesús?

Te escribo estas líneas porque estoy seguro que tú compartes nuestras preocupaciones y quizás podrás hacerlas llegar a los jesuitas de Georgetown y a otros círculos de opinión en tu entorno de simpatizantes por la justicia.
Recibe un fuerte abrazo.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
Version en inglés:

My Dear John:
I send you brotherly and loving greetings.
I write to you with great concern regarding the fact that Georgetown, our Jesuit University, has hired the outgoing president of Colombia, Álvaro Uribe Vélez as a professor. I am constantly receiving messages from individuals and groups who have suffered enormously during his term as president. They are protesting and questioning the mind-set of our Company, or its lack of ethical judgment in making a decision of this kind.

It is possible that decision makers at Georgetown have received positive appraisals from Colombians in high political or economic positions, but it is difficult to ignore, at least, the intense moral disagreements aroused by his government and the investigations and sanctions imposed by international organizations that try to protect human dignity. The mere fact that, during his political career, while he was governor of Antioquia Province (1995-1997) he founded and protected so many paramilitary groups, known euphemistically as “Convivir” (“Live Together”), who murdered and “disappeared” thousands of people and displaced multitudes, committing many other atrocities, that alone would imply a need for moral censure before entrusting him with any responsibility in the future.

But not only did he continue to sponsor those paramilitary groups, but he defended them and he perfected them into a new pattern of legalized paramilitarism, including networks of informants, networks of collaborators, and the new class of private security companies that involve some millions of civilians in military activities related to the internal armed conflict, while at the same time he was lying to the international community with a phony demobilization of the paramilitaries.
In addition, the scandalous practice of “false positives” took place during his administration. The practice consists in murdering civilians, usually farmers, and after killing them, dressing them as combatants in order to justify their deaths. That is the way he tried to demonstrate faked military victories over the rebels and also to eliminate the activists in social movements that work for justice.

The corruption during his administration was more than scandalous, not just because of the presence of drug traffickers in public positions but also because the Congress and many government offices were occupied by criminals. Today more than a hundred members of Congress are involved in criminal proceedings, all of them President Uribe’s closest supporters.
The purchase of consciences in order to manipulate the judicial apparatus was disgraceful. It ended up destroying, at the deepest level, the moral conscience of the country. Another disgrace was the corrupt manner in which the Ministers closest to him manipulated agricultural policy in order to favor the very rich with public money, meanwhile impeding and stigmatizing social projects. The corruption of his sons, who enriched themselves by using the advantages of power, scandalized the whole country at one time.

In addition, he used the security agency that was directly under his control (the Department of Administrative Security) to spy on the courts, on opposition politicians, and on social and human rights movements, by means of clandestine telephone tapping. The corrupt machinations he used to obtain his re-election as President in 2006 were sordid in the extreme, with the result that ministers and close collaborators been close to jail.
He manipulated the coordination between the Army and the paramilitary groups that resulted in 14,000 extrajudicial executions during his term of office. His strategies of impunity for those who, through the government or the “para-government”, committed crimes against humanity will go down in history for their brazenness.

The decision by the Jesuits at Georgetown to offer a professorship to Álvaro Uribe, is not only deeply offensive to those Colombians who still maintain moral principles, but also places at high risk the ethical development of the young people who attend our university in Washington. Where are the ethics of the Company of Jesus?
I am writing you these lines because I am sure that you will share our concerns and perhaps you can forward them to the Jesuits at Georgetown and to other circles of thoughtful persons you know and to those who are in sympathy with justice.

With a fond embrace,
Javier Giraldo Moreno, S.J.

viernes, 30 de julio de 2010

Balance de la ley 975... IMPUNIDAD...

Apropósito del Balance de los cinco años de la vigencia de la ley 975….en Colombia no ha existido ni paz ni justicia para la las victimas… la CORPORACIÓN YURUPARI, hace pública la ponencia de la abogada defensora de DDHH Soraya Gutiérrez Argüello del Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo. Sus aportes al análisis del momento constituyen para nosotros un aporte valioso para intentar responder la pregunta si realmente este proceso ha contribuido a la consecución de la paz en Colombia… y si hoy nos encontramos en un escenario de transición o de justicia transicional?

Algunos elementos de su ponencia presentada (Julio 23 del 2010. Plazuela de San Ignacio. Medellín – Colombia.
…En primer lugar, la JUSTICIA TRANSICIONAL, es entendida como los “mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr la reconciliación” . Desde esta perspectiva, el resultado que se espera de la llamada Justicia transicional, es la concreción seria de investigaciones y juicios que permitan el desenlace no solo del factor retributivo del deber de persecución, sino también del objetivo de restauración, plasmados en los derechos de las víctimas…
La Corte Suprema de justicia en decisión del 11 de julio del 2007 , expreso que los delitos cometidos por los miembros de las estructuras paramilitares no podían ser considerados como delitos políticos, por cuanto tales comportamientos no podían ser asimilados bajo este concepto, y por tanto no podían ser objeto de beneficios. Expreso además que el delito como mínimo que se endilgaría a los miembros de estas estructuras era el concierto para delinquir agravado, el cual no estaba incluido dentro del listado de conductas que la Ley 782 de 2002 previó para la concesión de beneficios jurídicos a los desmovilizados, y por tanto no era procedente extinguir la acción penal a favor de los desmovilizados de las estructuras paramilitares, y ser favorecidos con la aplicación de las disposiciones que en ella se contienen…

Que ha pasado después de cinco años:

De los 35.353 paramilitares desmovilizados, solo el 10.2% que equivale a 3. 625 paramilitares fueron postulados al procedimiento de Justicia y paz. Aunque la cifras han cambiado y aumentado, vulnerando las misma normatividad establecida en esta ley.

Efectivamente, en balance presentado por la unidad de JyP a marzo del l del 2010, reporta las siguientes cifras:


TOTAL MIEMBROS PARAMILITARES POSTULADOS 3.899
Paramilitares postulados 2.872
Comandantes paramilitares postulados 25
Paramilitares privados de la libertad ( que nunca participaron en dichos procesos ) pero que fueron postulado 964
Paramilitares desmovilizados individualmente y postulados 38
Guerrillas 263

Para esta misma fecha informa la Fiscalía que se encuentran en curso 641 versiones libres. Y se han terminado 1. 790 versiones libres. Pero lo que no dice la fiscalía es que por lo menos 1.219 se retiraron por ausencia de ratificación de los postulados de participar en este trámite. Las mismas cifras de la Fiscalía lo demuestran.

Postulados a quienes se les ha realizado legalización de cargos ( Tribunal de conocimiento 8
Postulados en espera de la audiencia de legalización de cargos 54
Total de postulados a quienes se presento solicitud de audiencia de formulación de cargos 85

Total de postulados a quienes se presento solicitud de audiencia de imputación 215

Todo lo anterior indica que de los 3.899 paramilitares postulados, solamente 698 están siendo procesados por el trámite de justicia y paz, que equivale a solo el 15% del total de postulados y apenas el 1.9% del total de miembros de las estructuras paramilitares desmovilizados.

Y después de cinco años solo se ha proferido una sola sentencia parcial, contra el ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ cabecillas del bloque Montes de María y del frente canal del Dique respectivamente, por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo del año 2000. Decisión que fue apelada por las victimas y a la cual me referiré en la última parte de mi intervención si el tiempo nos da….

En comunicados encontrara toda la ponencia.