NUESTROS COMUNICADOS DE PRENSA

miércoles, 11 de noviembre de 2009

La Violencia que se genera en la ciudad de Medellín, es una muestra de las innumerables violaciones a los derechos humanos que vive el país


Según Medicina Legal, el aumento de homicidios es del 79% con respecto al año anterior. Según estadísticas oficiales, en el año 2003 se presentaron en Medellín 2.012 homicidios, para una tasa de 98.2 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Fue la última ocasión que la capital antioqueña registró niveles alarmantes de criminalidad, los mismos que hoy, seis años después, amenazan con repetirse de no presentarse una reducción sustancial en la dinámica de muertes violentas registrada hasta ahora.

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DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADO A LA CARCEL DE LA DORADA CALDAS

El defensor de derechos humanos Winston Gallego esta detenido injustamente desde hace cuatro meses. Fue trasladado el pasado sábado 7 de noviembre de 2009 de la Cárcel Bellavista de Medellín a una Cárcel de Máxima seguridad en la Dorada Caldas.
La Corporación Yurupari se suma al llamado y a la denuncia que diversas organizaciones no gubernamentales de Medellín manifestaron su rechazo por el traslado del defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz, Winston Gallego Pamplona, quien se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Bellavista desde el pasado 10 de junio y fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de La Dorada (Caldas).

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AMENAZAN DE MUERTE A DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN PALMIRA

La Corporarción Yurupari, pudo conocer el viernes 6 de noviembre de 2009, de parte del El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH Capitulo en el Valle del Cauca una denuncia sobre la amenaza de muerte que ha proferido un grupo paramilitar contra el Compañero Defensor de derechos humanos JOSE LUIS ORTIZ, estudiante de la Universidad Nacional de Palmira y miembro del CPDH en esa región, lo mismo que a Claudia Beltrán, Harold Ordóñez, Visno Posada, Fabián Moreno.

Hacemos un llamado al Estado para velar, como se lo manda la ley, por la protección de la integridad personal física y psicológica de JOSE LUIS y demás personas amenazadas; a la Fiscalía General de la nación para que investigue el origen de estas amenazas y ordene las medidas pertinentes.